Nos cambiaron la pregunta

¿O bombas o votos? Esa era la pública propuesta que, a través de Rubalcaba, planteara el Estado español hace alrededor de un año en relación al conflicto vasco, pero hacía ya tiempo, mucho antes de que Rubalcaba formulara su pregunta, que el Estado español conocía la respuesta.

Y la mejor prueba de ello la tenemos en su proverbial sordera, cada vez más acusada y grave, en su empeño represivo ilegalizando partidos políticos, cerrando medios de comunicación, vulnerando derechos y libertades, convirtiendo cumplidas sentencias en condenas perpetuas, torturando, y todo ello sin haber renunciado a su violencia ni pedido perdón por su impune ejercicio.

Me vino a la memoria aquella pregunta del representante del Estado español, a tenor de ese infame proyecto, ya puesto en marcha, y que permitía votar en el País Vasco a cualquiera que alguna vez en su vida haya pasado por aquí.

Algo así como que los problemas de una casa no los resuelvan sólo quienes viven en ella, sus inquilinos, sino todo pariente, vecino, cobrador, vendedor, repartidor, mendigo, fontanero, testigo de Jehová o hijo de su madre, que haya ido a la casa alguna vez.

Una aberración democrática absolutamente insólita que sólo será superada cuando las cuentas de su próximo fraude sigan sin rendir el fruto apetecido y resuelvan entonces que, para poder votar en Euskalherria, ni siquiera es preciso ubicarla en el mapa, y que cada quien vote donde más le apetezca y mejor le cuadre.

Alguien escribió una vez sobre el muro de una ciudad, que podría ser cualquiera, una de esas inolvidables leyendas que nunca debiéramos olvidar: “Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas”.

Tal parece que, en el Estado español, se disponen de nuevo a cambiar la pregunta:

¿O bombas o pucherazo?

Y la respuesta a esta nueva pregunta sólo puede ser la misma de siempre: Votos, más votos para una Euskadi independiente y socialista.

Sólo por dar ideas

El que puedan votar en el País Vasco los incalculables cientos de miles de “exiliados”, y podrían ser cientos de miles más, que según los últimos sondeos del Partido Popular abandonaron Euskalherria por causa de un conflicto que los mismos populares tildan de inexistente, no tiene porqué ser la única reforma electoral prevista.

Otras medidas podrían adoptarse cuanto antes de manera que los próximos resultados electorales en el País Vasco respondan fielmente a las expectativas que el Estado español contemple.

Y entre ellas, ninguna más justa y comedida que implementar el voto de aquellos caídos por Dios y por España, como una manera de honrar sus cívicas trayectorias manteniendo, al mismo tiempo, vivos sus ideales. Este voto, que bien podría denominarse patriótico, sería depositado por el partido o movimiento al que esos caídos hubieran respaldado en vida y con independencia de que hubieran o no ejercido el voto alguna vez.

Otra imprescindible medida que podría instaurarse sería la de aplicar la fórmula 3 por 1, variable electoral que consistiría en facultar a los miles de ciudadanos insignes triplicar su capacidad electiva, (podría quintuplicarse si las cuentas siguieran sin cuadrar los resultados esperados) porque de ninguna manera puede aceptarse que, en aras de una pretendida representatividad democrática, puedan equipararse los votos de eméritos demócratas de intachable conducta con los de intolerantes violentos, incluso, desempleados y hasta sin estudios.

Y podría también considerarse, para ejercer el voto, la obligatoriedad de que todos los electores compulsen, vía administrativa, una declaración jurada de condena a la violencia, acompañando la misma de un certificado de pasiva conducta expedido por la administración correspondiente y avalado por siete garantes que den fe de la varacidad de esa certificada acreditación, demostrando no haber tenido nunca nexos de ningún tipo ni con entornos sospechosos ni con equívocos contornos susceptibles de ser considerados entornos, mucho menos umbrales.

Igualmente, sería recomendable la instalación de polígrafos junto a las urnas, capaces de detectar la verdad o mentira de la declaración citada que, caso de cualquier duda, siempre dejara su interpretación al libre albedrío de la Junta Electoral.

Y que todo sea por la patria.