Lo ha dicho Pep Guardiola y los pensamos millones de ciudadanos y ciudadanas a quienes el Estado más corrupto de Europa ha venido gobernando a base de decretos, aprobando amnistías fiscales, por ejemplo, para felicidad de delincuentes amigos y a pesar de su propia Constitución; un Estado que convierte la protesta en delito y el delito en error, que confunde la justicia con la venganza y se jacta de incumplir leyes como la Ley de la Memoria Histórica; un Estado que irrespeta los derechos y libertades de los pueblos que asegura la conforman y del que todos los grandes medios y representantes políticos que de inmediato han denunciado la ignominiosa afrenta del catalán por expresarse, bien harían en agradecerle al entrenador de fútbol haber sido tan parco.

Porque también pudo decir que España es patética con solo recordar en estos días episodios como el protagonizado por la Armada Española recuperando en pocas horas el robado bombo de Manolo el del bombo entregándoselo, el bombo, a la Policía Española para que lo trasladara a la Federación de Fútbol y esta devolviera el bombo a Manolo el del bombo… o la conga de Lourdes o el tradicional salto de la verja para cargar el paso de la Blanca Paloma. O bien decir que España ni siquiera es un país sino un Estado y, lo que es peor, ajeno.

Queda claro. España no es un país autoritario. ¡Es una orden!

(euskal presoak-euskal herrira)

La primera licencia (The eiger sanction) la dirigió Clint Eastwood en 1975 ocupándose él mismo de protagonizarla.

La segunda licencia (Licence to kill) la dirigió John Glen en 1989 y fue el actor Timothy Dalton quien hizo el papel de James Bond.

La tercera licencia para matar la dirige el gobierno de los Estados Unidos a través de uno de sus carteles del crimen (la CIA) y se rueda en Venezuela pero no es una película. Como protagonistas cuenta, entre otros actores, con los grandes medios de comunicación y algunos cientos de bien remunerados sicarios conocidos como “jóvenes que protestan”, dedicados en las calles a levantar barricadas, saquear y quemar edificios en lo que los medios llaman “manifestaciones populares”, asesinando a venezolanos en hechos que los medios manipularán a conveniencia y cuyo fin es provocar el caos en el país para que se justifique la intervención etranjera a la que apela la llamada oposición. En el último episodio los sicarios han asesinado al juez venezolano Nelson Moncada al que, también, le robaron sus pertenencias. El magistrado, que ratificara la condena del golpista Leopoldo López, fue interceptado al tratar de eludir una barricada en Caracas y asesinado a tiros. Los grandes medios, ya que no a censurar el asesinato de este juez, ni siquiera han llegado a publicarlo. Si la oposición y sus sicarios disponen de licencia para matar, los grandes medios disfrutan de licencia para mentir.

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Una partida de casi 8 millones de euros destina el Estado español en sus flamantes presupuestos aprobados recientemente en el Congreso con el respaldo del PNV, a la Guardia Mora de Franco. La guardia mora, selecto cuerpo de soldados marroquíes, no solo se limitó a participar en el golpe de Estado de 1936 sembrando el terror en los pueblos que ocupaba como avanzadilla del ejército fascista, sino que, consumado el crimen y establecida la dictadura, permaneció acuartelada en Madrid durante décadas en el mismo palacio de El Pardo que sirviera de residencia al tirano, como guardia personal de Franco.

Imposible borrar de mi memoria la presencia de aquellos guardias moros a caballo, cubiertos de turbantes y largas capas blancas, flanqueando el vehículo en que se desplazaba Franco.

Han pasado casi 80 años desde que terminara la guerra y repugna constatar que el mismo Estado español que se niega a cumplir con la Ley de Memoria Histórica a la que no aporta un solo euro para que, entre otras cosas, puedan ser identificados y recibir sepultura las decenas de miles de españoles que siguen tirados en las cunetas, sin embargo, si disponga cuantiosos recursos para gratificar a quienes Dolores Ibarruri (La Pasionaria) definía como “la pezuña fascista”.

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Treinta años atrás, cuando la prensa española celebraba a Jordi Pujol e, incluso, proclamaba al presidente de la Generalitat como “el español del año”, nadie ignoraba en Madrid las artes de las que se valía el político catalán y su familia para, comisión tras comisión, ir multiplicando su fortuna. Tan notorias eran las mordidas y tan antigua su práctica que, años más tarde, hasta Pasqual Maragall, político catalán del PSC, se atrevió a ponerle nombre en el propio parlamento catalán: “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Tan impune era el delito que solo minutos más tarde de que Artur Mas le recriminara su franqueza, en el mismo parlamento, Maragall rectificó.

Al Estado español poco le importaba cuál fuera el porciento que se embolsara Pujol y su partido (Convergencia Democrática de Cataluña) por la adjudicación de obras en Catalunya con tal de que siguieran mostrando la lealtad debida a España y a la corona. Al fin y al cabo, los afanes de Pujol y Convergencia por aumentar su patrimonio en Catalunya eran los mismos que compartían el Partido Popular y el PSOE vaciando las arcas públicas en el Estado español. Mientras los devaneos nacionalistas de Pujol no se desbordaran y España siguiera siendo una, grande y libre, no habría problema alguno. Era un pacto entre ladrones.

Ocurrió, sin embargo, que años más tarde Pujol, Mas y su partido nacionalista catalán cayeron en la cuenta de que el pueblo catalán andaba en otra historia y los había dejado atrás, que el pueblo catalán no se conformaba con un nacionalismo de salón, cantar Els Segadors el 11 de septiembre y resignarse a ser una “nacionalidad” sin estado dentro de la nación española. El pueblo catalán, simplemente, aspiraba a tener voz propia en Europa, a ser independiente y estaba harto de España y su necia arrogancia, de su absoluta cerrazón a respetar el derecho a la autodeterminación. Ante el riesgo de irse por el desagüe, los Pujol, Mas y demás convergentes optaron por seguir al pueblo y sumarse al reclamo de la independencia. Ahí fue que el Estado español se encolerizó y comenzó a desempolvar expedientes, viejos archivos, cuentas bancarias, fraudes, capitales ocultos… Pujol, Mas y Convergencia habían roto el pacto entre ladrones y debían atenerse a las consecuencias.

El Partido Nacionalista Vasco nunca se ha portado mal. De hecho, acaba de cerrar un pacto con el Partido Popular que a ambos les “garantiza la gobernabilidad”. Lejos quedan los tiempos en que, de improviso, les saliera respondón un lehendakari y le diera por tomarse en serio a Euskalherria y hasta proponer planes que devolvieran la palabra al pueblo vasco. Desde entonces, para casos como el de Ibarretxe, en el PNV se cuenta con la sabia destreza de sesudos jelkides que apacigüen los ánimos y eviten al Congreso español el seguir dando portazos a cualquier iniciativa que llegue del País Vasco o Catalunya.

Cuando José Luis Bilbao se despidió como diputado general de Bizkaia, con la alegría que acostumbra, hizo un discurso que ya que no para los juzgados quedó para la historia: “Muchos pueden estar tranquilos, porque nunca escribiré mis memorias. Memorias en las que podrían aparecer personas con sus grandezas y miserias. Desgraciadamente habría muchas miserias. Los que decían una cosa en privado, y otra en público; los que mentían sabiendo que mentían; los que sabían que nosotros teníamos información que no podíamos utilizar y jugaban con ello; los que decían una cosa y la contraria sin pestañear; los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen; los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz; los que han repatriado dinero de origen desconocido y que van por la calle como unos señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer. A todos ellos les digo que pueden estar tranquilos”.

Al igual que nadie ignoraba en el Estado español el origen de la fortuna de los Pujol, tampoco nadie desconoce en Madrid a esos a los que Bilbao tranquilizaba y a algunos otros “señores” cuyos nombres reposan en las carpetas de la Hacienda y la Justicia española a salvo de cualquier contingencia mientras sepan comportarse.

En Madrid no ignoran a cuánto se cotiza la adjudicación de un contrato en el País Vasco, qué comisión se cobra por la recalificación de un terreno público, qué interés devenga un tren o una autopista, qué porciento genera una incineradora, cuántos beneficios reparten los tantos proyectos estratégicos, a nombre de quiénes hay abiertas cuentas en paraísos fiscales, cuánto y a quién deja un chanchullo, un enjuague, un negocio sucio…

Iñigo Urkullu y sus convergentes también ha visto al pueblo vasco empezar a andar en otra historia, también lo sabe harto de bailes de salón y peteneras, de aurreskus al monarca… pero no se van a sumar al pueblo. Urkullu lo reitera a cada rato: “La independencia del País Vasco es un objetivo irrenunciable del PNV pero hay que ser conscientes del momento político, económico y jurídico actual, porque el concepto de independencia hay que trabajarlo, plantearlo y modularlo… hay que esperar a que haya una voluntad mayoritaria… y que hay que ser conscientes del siglo en que vivimos… que la independencia es una meta de la que también participo pero de momento solo aspiro a un ejercicio de mayor soberanía”.

O lo que es lo mismo, que la independencia del País Vasco debe seguir esperando a otros momentos políticos, económicos y jurídicos; debe seguir esperando a que su concepto se trabaje, se plantee y se module algunos años más; a que se consigan mayores ejercicios de soberanía; a que se alcancen nuevas mayorías; debe seguir esperando, en definitiva, a un próximo siglo. Total, sólo faltan 83 años para que entremos en el XXII, caso de que entonces, que podría ocurrir, no haya que seguir esperando a nuevas y favorables coyunturas, mayorías y cuotas de soberanía, y eso si para el nuevo siglo ya se ha trabajado, planteado y modulado lo suficiente el concepto independencia.

Por ello es que el gobierno español está encantado con el mejor alumno de la clase, ese que hace los deberes, no levanta la voz, no se mete en problemas, al que poner de ejemplo para que otros alumnos aprendan a comportarse y que si bien habla euskera no lo habla con acento catalán. Urkullu es hoy el “español del año” con que el ABC coronó a Pujol en 1984.

Pacto de silencio. Pacto entre ladrones.

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La llamada oposición venezolana no quiere elecciones. Entre otras razones porque ya las tiene. El calendario electoral venezolano, de acuerdo a la constitución venezolana, tiene previstas elecciones el próximo año. En consecuencia, la oposición venezolana lo que tendría que hacer es prepararse para que sus argumentos venzan en las urnas. El problema es que los tenidos como opositores no quieren elecciones sino ganarlas, y les consta que los votos viven dándoles la espalda en pulcros e irreprochables procesos electorales que han contado con la supervisión de observadores internacionales y de las propias Naciones Unidas.

La llamada oposición venezolana tampoco quiere democracia. Entre otras razones porque ya la disfruta. Y la mayor demostración de que es así la tenemos en la propia existencia de esa oposición, manifestándose en las calles, con representación en las instituciones, que controla la mayoría de los grandes medios de comunicación y cuenta con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, Europa y algunas países latinoamericanos. No hay más que ver las referencias democráticas a las que aspira esa oposición para constatar que se oculta detrás de tanta infame retórica: la Chile de Pinochet, el narcoestado en que se ha convertido México, la fosa común conocida como Colombia, el prostíbulo centroamericano…

La llamada oposición venezolana tampoco quiere la paz. Lo demuestra con la organización de constantes y violentas algaradas, colocación de barricadas ardiendo en las calles, saqueo de comercios, destrucción de mobiliario urbano, ataques a la policía y el asesinato de buena parte de los 50 venezolanos que hasta la fecha han perdido la vida tras casi dos meses de terrorismo urbano. Lo demuestra igualmente con su invocación a un golpe de Estado, a una sublevación militar, a la intervención de un ejército extranjero que provoque una guerra terrible de la que, debieran tenerlo en cuenta, nadie va a salir ileso.

La llamada oposición venezolana tampoco quiere desarrollo. A ello se debe la permanente actitud de sabotaje que viene ejerciendo desde hace años, acaparando alimentos para generar su escasez y responsabilizar al gobierno de la carestía o estimulando la especulación, la fuga de divisas y cuantas acciones puedan contribuir a desestabilizar la revolución bolivariana.

La llamada oposición venezolana tampoco quiere futuro. Lo que busca es hacer retroceder el país al pasado siglo, a los muchos años en que unas cuantas privilegiadas familias, y la de Capriles era una de ellas, saqueó el erario público a través de los presidentes que fueron alternando en el gobierno de la hambruna y la miseria general, fuese Pérez Jiménez, Rafael Caldera, Herrera Campins, Jaime Lusinchi o Carlos Andrés Pérez, responsable del asesinato de un millar de venezolanos cuando ese pueblo se negó a resignarse. Por ello fue que, precisamente, ese pueblo descubrió a Chávez y levantó su revolución bolivariana que, pese a todas las dificultades, hostilidades, campañas de descrédito, amenazas, en muchísimo menos tiempo del que invirtió esa vieja oposición en arruinarla, ha conseguido reducir a la mitad el hambre y la miseria del país como reconocía la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura; o terminar con el analfabetismo en Venezuela, como declaraba en el 2005 la UNESCO; o ampliar la seguridad social de millones de venezolanos y llevar la gratuidad a la salud y a la educación convirtiendo a Venezuela, según reconocía la UNESCO, en el quinto país del mundo con mayor matriculación universitaria, creando 42 universidades, la Compañía Nacional de Danza, la Red Nacional de Salas de Cine Comunitarias, el Centro Nacional del Disco, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros juveniles e infantiles; o construyendo más de un millón y medio de viviendas; multiplicando la cobertura sanitaria, con hospitales, dispensarios…

La llamada oposición venezolana tampoco quiere a Venezuela. Lo que busca esa recua de oligarcas y grandes burgueses es recuperar el negocio al que confundían con la patria y que el pueblo y las urnas le quitaron de las manos.

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