Falta mucho camino por delante. Falta que el Estado español, por ejemplo, anuncie el cese definitivo de su violencia y deponga sus armas. Falta que erradique, de una vez y para siempre, la tortura, la incomunicación de los detenidos, la dispersión de los presos, la cadena perpetua que ni siquiera sus leyes contemplan. Falta que restituya los derechos civiles de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos a quienes se sigue negando su derecho a ejercerlos. Falta que recuente las víctimas, pero todas las víctimas, sin exclusiones ni interesados olvidos, porque sólo merecerán considerarse como tales,  si no falta ninguna. Falta que reabra los secretos archivos de sus impunes crímenes y ponga nombres y apellidos a las equis. Falta que los partidos políticos desarmen sus pretextos y prescindan de su “ley de partidos”. Falta que la Audiencia Nacional se arrepienta y pida perdón antes de disolverse.

A la espera de que los intolerantes la descalifiquen por extranjera y por puñetera, lo decía ayer Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional cuando exigía al Estado español “rendir cuentas sobre las violaciones de derechos humanos que han cometido los miembros de las fuerzas de seguridad, y reforme la legislación y las prácticas antiterroristas que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas”.  Demandaba también que se eliminen “las ambigüedades de la Ley de Partidos que podrían conculcar el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión”.

Falta mucho camino por delante todavía y más pasos que andar.

 

 

Pero no, no me refiero a la Conferencia Internacional de Donosti sobre la paz, sino a la católica Conferencia Episcopal que, una vez congregada, compartió en rueda de prensa sus inquietudes sobre las próximas elecciones generales.

A través de su portavoz, Martínez Camino, los obispos españoles han dado a conocer un documento que sirva de guía “en el ejercicio responsable del deber de votar, sin entrar en opciones de partido ni pretender imponer a nadie ningún programa político”.

Cierto que bien podrían los obispos haber confiado en el mejor criterio de los miembros de su iglesia sin necesidad de exordios y guías extraordinarias. Al fin y al cabo, es de suponer que los numerarios católicos saben perfectamente que partidos y opciones políticas mejor los representan, pero como los católicos son tantos como distraídos, y nadie mejor que los obispos para saberlo, en lugar de no hacer público ningún documento o limitarse, como acostumbran, a andarse por las ramas y elaborar algún hermoso pronunciamiento preñado de buenos propósitos y sublimes  exhortaciones a la paz y el amor, esta vez han ido más lejos.

Para alertar sobre el “peligro que suponen determinadas opciones políticas”, la Conferencia Episcopal,  ha recordado en su comunicado que no debe votarse a aquellos partidos políticos que no defiendan “el derecho fundamental a la vida de cada ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”, por más que “no entra en opciones de partido ni pretende imponer a nadie ningún programa político”.

Por si acaso con el matiz aportado no acababan los obispos de instruir convenientemente a su feligresía, agregaron una segunda sugerencia. Tampoco sería conveniente votar a aquellos otros partidos políticos que “no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico en cuanto unión firme de un varón y una mujer, ordenada al bien de los esposos y de los hijos”.

Y por si no bastaran las dos advertencias, aún han querido los obispos evitar posibles equívocos y recalcar aún más la orientación del voto que se pide. Hay que votar por partidos que en el terreno económico “establezcan políticas que favorezcan la libre iniciativa social en la producción y que incentiven el trabajo”, y que en el campo de la educación “garanticen la enseñanza de la religión y de la moral católica en la escuela estatal”.

Ya sólo les falta a los obispos, para concluir el acertijo, hacer público un nuevo documento en el que luego de subrayar que no entran en “opciones de partido” ni pretenden “imponer a nadie ningún programa político”,  quede perfectamente establecido que no debe votarse a cualquier aspirante que hable catalán, excepto si sólo lo habla en la intimidad, y vasco en toda circunstancia. Y tampoco a los candidatos calvos y capullos.