Sara Majarenas, que hace dos años debió haber sido puesta en libertad, sigue secuestrada en Madrid junto a su hija Izar, por la misma justicia que exige garantías a los presos gravemente enfermos de no demorar su muerte más allá de dos meses para, con arreglo a la ley, ponerlos en libertad en el caso, supuesto que el gobierno niega, de que existan presos en grave estado. El pasado año murieron en las cárceles españolas 200 presos. Más que en Afganistán, según leo en la prensa española.

Ya ha pasado medio año desde que fueran encarcelados y acusados de terrorismo unos jóvenes de Alsasua tras un pleito a las puertas de un bar en las fiestas del pueblo por la misma justicia que no tuvo inconveniente en dejar en libertad al nazi que agrediera a un ciudadano en Bilbo, no obstante sus muchos expedientes por toda clase de delitos. Otros cuatro jóvenes de Rentería siguen presos y acusados de desórdenes públicos y terrorismo tras unos incidentes ocurridos en Iruña (lanzar un cohete y volcar un par de contenedores) durante una manifestación celebrada en marzo, por la misma justicia cuyos mentores políticos celebran y respaldan poner barricadas en las calles y pegarles fuego, asaltar comercios, lanzar explosivos, romper mobiliario urbano, atacar a la policía, asesinar… eso sí, en Venezuela.

Y mientras tanto los fiscales van y vienen a conveniencia del corrupto de turno, los ministros de Justicia fabulan imputaciones, los expedientes se “afinan” al gusto del Ministerio del Interior, y el Fiscal Anticorrupción asegura que va a perseguir la corrupción. ¿Y no es ese su trabajo? La justicia española apesta. España también.

(euskal presoak-euskal herrira)